Los dueños de un vehículo son como patos en una bañera: difícil que les erren un escopetazo. Gravámenes, patentes, tasas, verificaciones, peajes, multas, aranceles y todo lo que las autoridades ejecutivas y legislativas disponen les resulta muy fácil cobrarles. La licencia de conducir es un permiso que se otorga para certificar que somos capaces de manejar un vehículo. Ahora bien: ¿qué tiene que ver esta capacidad con ser dueño de uno? Nada, salvo poder manejarlo legalmente. Pero, por ejemplo, usted no podrá renovar el registro de conducir en CABA si es propietario de un auto que no realizó el grabado de autopartes o tiene deudas de patentes.

Es comprensible y coherente que no se renueve el registro hasta no pagar multas por faltas de tránsito (mal estacionamiento, exceso de velocidad, etcétera), lo que resulta además justo para todas las personas que tienen la licencia. Pero no tiene mucha justificación negarlo por infracciones que no son compatibles con el manejo, como las mencionadas. En todo caso, deben reclamarse cuando el vehículo es vendido y transferido: entonces sí tendría sentido, porque tienen que ver con la propiedad del bien.

¿Por qué negar el registro por faltas que tiene que ver con la propiedad y no con la capacidad para conducir? La respuesta es obvia: para cobrarlas más rápido. Pero debería tenerse en cuenta que el registro también puede ser utilizado para manejar otros vehículos. Las autoridades deberían revisar esta disposición para ser equitativas con todos los conductores.